Los crímenes estarían relacionados con el control territorial para el tráfico local de sustancias estupefacientes.

La Fiscalía General de la Nación impactó el grupo ilegal ‘Los Gallinas’, presuntamente implicado en siete asesinatos y una tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron en el primer semestre de este año en los barrios Nazareth, Nueva Castilla, Los Mandarinos, Álamos, y en la vereda Chucuní, y Llanitos del Combeima, estas dos últimas, zonas rurales de Ibagué.

La Sijin de la Policía Metropolitana de la capital ibaguereña capturó a cinco de los presuntos integrantes de este grupo, en diferentes puntos de la ciudad.

Tres hombres más fueron citados a audiencia de formulación de imputación de cargos, debido a que se encuentran privados de la libertad por otros hechos delictivos. Se trata de Jesús Miguel Bellorin Guevara, Édgar Fernando Ramírez Díaz, Juan Sebastián Godoy Pedraza, Jhon Stiven Reyes Romero, Jaider Stiven Brand Bastidas, Fran Esteban Isaza, Angelo Mauricio Quina Sánchez y Luiguin Isaza Herrera, este último capturado en flagrancia.

La Fiscalía les imputó, según sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores para la comisión de delitos y homicidio agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

Según la investigación, ‘Los Gallinas’ conformaban una empresa criminal dedicada al sicariato. La Fiscalía evidenció que por cada muerte cobraban entre 2 y 5 millones de pesos. Para la ejecución de estos crímenes se desplazan en motocicletas. En desarrollo de las acciones judiciales a los procesados les fueron incautadas dos motos.

Para coordinar las acciones criminales, al parecer, usaban la mensajería instantánea a través de la cual enviarían fotos y ubicaciones de las víctimas, luego confirmaban sus ejecuciones, cobrando finalmente el dinero por el hecho consumado.

Además, tendrían a su servicio personas que laboran en transporte informal a quienes les encargaban el seguimiento y vigilancia de los objetivos previamente seleccionados.

La red criminal sería financiada por rentas producto del tráfico local de estupefacientes. Varios de los homicidios habrían sido cometidos para garantizar el control territorial; además se precisó que en estas acciones ilícitas incluirían menores de edad.

Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario